Viajar en las carreteras del Perú, se ha vuelto una especie de ruleta rusa, pues no sabemos en qué momento nos conducen hasta la muerte. Lo que sí queda claro es que se han incrementado las posibilidades de que un ómnibus o camión nos embista repentinamente para luego morir desangrados o, en el mejor de los casos, morir sin que nos demos cuenta.
La política de transportes es muy difícil de comprender. Si bien entendemos que los accidentes no son responsabilidad directa del Ministerio de Transportes, no por ello, dicha entidad deja de tener vela en este “entierro”. Sin embargo, las acciones que ha emprendido para prevenir los accidentes de tránsito no han tenido los resultados esperados.
Entendemos que por la magnitud del problema, el Estado poco puede hacer por controlar a todos los ómnibus y empresas de transportes del país (pues hay muchas empresas informales), pero también entendemos que sí puede hacer algo a favor de las víctimas de los accidentes o de sus familiares. Por allí podría empezar a tener una política clara y contundente con el fin de combatir este incremento indignante de muertes impunes.
Después de la muerte de un pasajero, la desolación se apodera de sus familiares y la búsqueda de justicia y reparación en el Poder Judicial, no hace sino ratificarles lo ruin que puede ser el sistema de justicia en el país. He aquí, la oportunidad para que el Estado y el Gobierno tengan un nuevo rol. Se propone que el Estado no abandone a los familiares de las víctimas a su suerte y que “arreglen” el problema de la reparación civil entre “privados”. ¡NO, en los tiempos actuales, con la despreocupación de los transportistas, ésa no puede ser la política del Estado!.
Dada su falta de capacidad para prevenir los accidentes, el Estado no puede esconderse luego y dejar desamparados a quienes resultan siendo también sus “víctimas”. Víctimas de su ineficiencia, de su incapacidad, de su falta de previsión legislativa, de su falta de capacidad para ejecutar normas vigentes, de su falta de sensibilidad para reparar a quienes perdieron un familiar.
Si provocas un accidente, la pagas.
Se propone, como primera política, que el Estado asuma la defensa y representación de quienes resultan víctimas del sistema de transportes (Puede contratar servicios de abogados particulares a quienes se pague por resultados). Se ha demostrado que las multas y amenazas de sanciones penales a choferes y transportistas han resultado ineficaces para combatir el incremento de muertes en el transporte. Si ello es así, habrá que dar un giro radical en el enfoque del problema y la (in)acción del Estado.
Si una persona que se dedica al transporte público de pasajeros (natural o jurídica, formal o informal) causa la muerte a quienes debe llevar a otro destino en este mundo, el Estado a través de órganos especializados debe llevar el caso ante tribunales especiales que, en términos y plazos sumarios, determinen la responsabilidad de los causantes del daño y se ordene el pago de las indemnizaciones que correspondan, en forma inmediata. Su papel de garante de la vida y tranquilidad de la ciudadanía así lo exigen.
Las muertes en el transporte público tienen un elevado costo económico para la sociedad en general y, en especial, para los familiares de las víctimas, pues en muchos casos quienes perecen son la columna y sostén familiar. Los deudos, por ignorancia o falta de recursos, no reclaman las indemnizaciones que les corresponden (no sólo las que corresponden ser pagadas por SOAT) y que deben ser asumidas y pagadas por los propietarios de los vehículos causantes del daño.
Si asumes la responsabilidad, entonces serás más cuidadoso.
Al establecerse sanciones económicas claras e inmediatas, sin posibilidad de eludir la responsabilidad personal de quienes son titulares o responsables de las empresas de transportes (formales o informales); entonces, quienes se dedican a brindar este servicio prestarán mayores atenciones y pondrán más empeño en brindarlo de acuerdo a parámetros de seguridad mínimos; caso contrario, les espera la ruina económica.
Una política de este tipo, tendría un impacto inmediato en la conciencia y bolsillo de quienes prestan el servicio de transporte. Quien entra a brindar un servicio como éste, debe estar consciente que el objeto de su negocio se encuentra vinculado con la vida de seres humanos y, por tanto, tiene gran responsabilidad de lo que suceda a lo largo del camino. De allí que, el transportista tendrá mayor cuidado al momento de seleccionar a los choferes con quienes trabaja, que éstos descansen el tiempo suficiente para que no se duerman en las carreteras o que no circulen con excesiva velocidad o, que las unidades se encuentren en perfectas condiciones, etc.
En pocas palabras, debe quedar claro el mensaje para todos los transportistas que, si causan un daño y éste no es reparado en forma inmediata y satisfactoria les espera la ruina económica. Se trata de perseguir al culpable del daño y hacerlo responsable directo del mismo.
El beneficio de la política
Si el empresario de transporte sabe la consecuencia directa de su negligencia o apatía, entonces, se preocupará por elegir bien a su personal (piloto y copiloto) y prestar el servicio con unidades que no presenten problemas, para que después no le generen problemas a él.
Si esto es así, entonces, la carga y responsabilidad que actualmente tiene el Ministerio de Transportes y las autoridades del país, para cuidar como si se tratara de infantes, que los transportistas cumplan con los estándares mínimos, antes de salir de sus terminales de transporte, se trasladará a quienes tienen la responsabilidad principal por las muertes que a diario ocurren en las carreteras. Los transportistas. Por tanto, corresponderá a los transportistas preocuparse de encontrarse adecuado a las normas vigentes, pues si no tendrán como consecuencia embargo y, llegado el caso, pérdida de sus bienes.
Con ello, el Estado, sin eludir su responsabilidad, podría realizar controles aleatorios para determinar si los transportistas cumplen o no con las normas que ya existen respecto a condiciones laborales mínimas y revisiones técnicas periódicas de sus unidades. Ante cualquier eventual incumplimiento de estos requisitos, acá si, corresponderá aplicar la “tolerancia cero”; es decir, podrá aplicar la política de no dejar pasar “nada que se encuentre fuera de la Ley”; pues, como ha quedado demostrado en sus años de implementación, la citada política por sí misma no ha funcionado y menos aún ha servido para disminuir el número de accidentes.
¿Subirán los precios de los pasajes?
El transportista al tener que asumir mayores responsabilidades y costos por el servicio que presta, sin duda trasladará éstos costos al usuario final (el pasajero); pues, como sabemos, al transportista no lo mueve un fin altruista sino que busca su beneficio personal y ganancia económica.
Seguramente, podrían incrementarse el costo de algunos pasajes en ciertas rutas no muy comerciales en las que no exista mucha competencia; sin embargo, en la medida que se brinden otro tipo de incentivos por parte del Estado, los empresarios de transportes podrían volver al negocio.
Si el Estado quiere intervenir, podría hacerlo incentivando la reconversión a gas de las unidades de transporte interprovincial. Así, podría subsidiar en forma directa el pago de la conversión del motor a gas natural o eliminar del pago de impuesto a la importación de dichos motores. Dicha política también podría ser extendida a los vehículos de transporte público urbano e incluso a los de transporte privado, si de cambiar la matriz energética se trata. Debe tenerse en cuenta que el Estado ha destinado una buena cantidad de recursos al fondo de estabilización de combustibles que, finalmente, se esfuma con el combustible; en cambio, si dicho monto se utilizara para la reconversión de los motores del parque automotor, el beneficio sería permanente.
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