En este mes de junio, el aciago frío de la muerte parece haberse adelantado al frío del invierno gris que generalmente se presente en Lima. Las noticias de varias decenas de muertos y heridos en la ciudad de Bagua, ubicada en la Selva Nor Oriental del país, en un operativo policial para desalojar una carretera tomada por nativos que protestan, hace más de 50 días, por la aprobación de unos decretos legislativos que, consideran, lesionan sus intereses e integridad territorial.
El gobierno responde a la ciudadanía de la sociedad que lo eligió. Representa, o debería representar, los intereses nacionales. La sangre derramada me dice que algo de eso no está sucediendo, que hay otros intereses que se han priorizado o que, simplemente, se está cerrando filas en torno a entradas de interpretación diferentes a las que tienen los nativos de la selva respecto a su integridad territorial.
De acuerdo con los nativos, y en atención a lo dispuesto en las regulaciones internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, cuando los Estados que suscribieron dicho convenio, entre los que se encuentra el Perú, quiere regular o establecer algunas pautas sobre el manejo de la propiedad o territorio de las comunidades nativas que, eventualmente, podría perjudicarles, deben consultar primero a los potenciales perjudicados. En este caso, los nativos.
¿Porqué simplemente no se les consulta?. Si van a entrar en sus territorios, lo lógico es que se les consulte; más aún, si se considera que las normas aprobadas son beneficiosas para las poblaciones nativas, se podría decir que su aprobación por los nativos se daría por descontada. en efecto, con una explicación lógica y sencilla podrían tenerse las adherencias a la regulación normativa, e inclusive mejorar la norma y obtener consensos respecto a los posibles beneficios y garantías que se ofrecen respecto a la conservación del medio ambiente, en caso se apruebe la realización de inversiones productivas o extractivas.
El parlamento:
Si en algún foro legítimo tendría que haberse realizado el debate sobre la constitucionalidad de las normas cuya derogatoria solicitan los nativos, sin duda alguna, éste habría tenido que ser el Parlamento. Por su condición histórica y por obligación Constitucional, corresponde al Parlamento debatir, confrontar ideas y propuestas, así como responder por las leyes que se emiten. Si el Poder Ejecutivo emitió Decretos Legislativos en uso de facultades delegadas por el Parlamento, éste tiene la obligación de evaluar su Constitucionalidad y adecuación de las materias reguladas a la delegación realizada. Sin embargo, el Parlamento ignoró su rol fundamental y prefirió dar la espalda a este debate tan necesario, y que hoy nos damos cuenta que resultaba odiosamente más necesario. El Parlamento pudo determinar que efectivamente las normas cuestionadas por los nativos no se adecúan a la Constitución y pudo haberlas derogado total o parcialmente o, en su caso, haber opinado que las normas eran Constitucionales.
De otro lado, pudo optarse también por el camino legal de la interposición de un proceso de inconstitucionalidad de los Decretos Legislativos que, los nativos, consideran inconstitucionales. Aún cuando este camino resulta un poco más largo forma parte de la formalidad que reclaman los nativos. Si no se respetó la formalidad en la aprobación de los Decretos cuestionados (consulta previa con los interesados), un proceso formal de inconstitucionalidad les hubiera repuesto el estado de la cuestión a la forma anterior a su aprobación.
Hoy, seguramente se tratarán de encontrar responsabilidades. Me parece que uno de los primeros en hacer un “mea culpa” debe ser el Parlamento.
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